Desde hace unos años estamos viviendo un boom de los que pueden transformar el paisaje urbanístico de una ciudad. Hablamos de los denominados pisos turísticos. Este tipo de alojamiento ha existido siempre, para qué engañarnos. ¿Quién no ha alquilado un pisito en la playa por semanas? Pero esto va de otra cosa. Y no hablamos de las empresas patrimoniales o empresarios de la hostelería que iniciaron la transformación de la vivienda de los cascos antiguos para reconvertirlas en hoteles o apartamentos turísticos. Esta vez hablamos del impacto del nacimiento de las plataformas de economía cooperativa como Airbnb.
Más allá del debate de la especulación urbanística, la transformación del casco antiguo de algunas ciudades como Barcelona, donde algunos espacios hoy recuperados eran considerados marginales, ha tenido un impacto positivo. El problema es que esta transformación ha sufrido una alteración en los últimos años. Con el crecimiento de plataformas de alquiler estacional como Airbnb, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ceder un espacio de su casa o un apartamento o vivienda enteros para el disfrute de un viajero. Esto implica que si yo tengo una habitación libre, puedo alquilarla por días y sacarme una ayuda para pagar el alquiler.
Hasta ahí todo bien, si no fuera porque este “impacto positivo” en la economía ha derivado en una escalada del precio de la vivienda, tanto alquiler como compra, y una masificación turística de los cascos antiguos que está expulsando a los vecinos de estas zonas. Ley de la oferta y la demanda. Es más rentable alquilar por días que a una familia.
Un problema global
No es exclusivo de nuestras ciudades. En algunos países como Singapur, con una densidad de población muy alta, se ha optado por la regulación severa. En el hub financiero del sudeste asiático está prohibido el alquiler estacional por menos de 6 meses sin licencia. Plataformas como Airbnb siguen operando, aunque los atrevidos que alojen deben saber que se enfrentan a multas de hasta 200.000 dólares. La medida tiene además otra finalidad: controlar la inmigración ilegal.
En España, ante un fenómeno que se antoja bastante nuevo para las administraciones, estamos asistiendo a una oleada de regulaciones. Primero desde las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia de turismo y ahora los ayuntamiento.
Barcelona fue una de las pioneras en regular la vivienda turística debido a que lleva años siendo más un problema que una ventaja para el ciudadano. Actualmente cuenta con inspectores que rastrean pisos turísticos ilegales en plataformas y a pie de calle. Pero no es la única. En ayuntamientos como los de Madrid se considerará que se está ejerciendo una actividad económica en caso que se alquile un espacio residencial turístico más de 90 días.
Pero el caso más claro de lucha contra esta situación probablemente es la que viven en Baleares, donde los residentes han sido literalmente expulsados del casco antiguo de Palma y los ciudadanos autóctonos literalmente no tienen donde vivir debido al incremento abusivo del precio de los alquileres. En Palma, se establecerá la prohibición total de la vivienda turística en la ciudad a excepción de las viviendas unifamiliares. En Baleares, además, se requiere de licencia turística para anunciarse en plataformas como Airbnb, y el no cumplimiento está penado con multas desde 40.000 a 400.000 euros.
¿Y qué dice de esto Airbnb?
Hace unos meses pude asistir a una conferencia por parte de su director en España. La plataforma crece a un ritmo vertiginoso, son prácticamente imparables. Su versión de la problemática es que no les asusta, que van a combatir la mayor regulación intentando trabajar con las administraciones para una mayor cooperación. Y es que su versión de los hechos dista mucho de la versión de las administraciones públicas. La plataforma saca pecho, y nos recuerda que gracias a ellos muchas familias han evitado el desahucio. Además, nos recuerdan que el mundo está cambiando y que no siempre las administraciones locales están legalmente preparadas para nuevos paradigmas.
Y este es el dilema, ¿se habrán avanzado a su tiempo? O quizás han copado un nicho de mercado a regular, aunque en este punto sea difícil establecer los límites de qué debe regularse. Y es que no siempre se trata de ley del mercado u oferta y demanda. Los límites los pone el beneficio mútuo y el denominado bien común. Si os ha gustado, os animo a compartirlo con vuestros contactos y darle el like en vuestras redes sociales. Hasta pronto.
